Como ex presidentes de Cortes superiores de justicia, nos gustaría sensibilizar a nuestros colegas magistrados de la Corte Suprema de Brasil y, en términos más generales, a la opinión pública de este país al respecto de las irregularidades cometidas en los procesos iniciados contra Lula.
Como ya lo mencionaron muchos colegas, brasileños y de numerosos otros países, las revelaciones del periodista Glenn Greenwald y su equipo del sitio de información The Intercept, en colaboración con los periódicos Folha de S. Paulo y El País, la revista Veja y otros medios, reforzaron la naturaleza política de la acusación contra Lula. También confirmaron a los ojos del mundo, como siempre lo han afirmado Lula y sus abogados, el carácter parcial del ex juez Moro y de los fiscales, teniendo como resultado la ausencia de un juicio justo e independiente en contra del ex presidente.
Estas revelaciones confirmaron que la Operación Lava Jato, bajo el pretexto de combatir la corrupción, se convirtió en un partido político, contribuyendo a la destitución de Dilma Rousseff en 2016, así como a la persecución política en contra del ex presidente Lula. Esta persecución funcionó porque permitió la elección de Jair Bolsonaro para la presidencia de la República.
En un momento en que las democracias están siendo puestas a prueba por el surgimiento de la extrema derecha, especialmente en Brasil, la justicia debe erigirse como un baluarte contra el autoritarismo y la arbitrariedad. Sin embargo, debido a los procedimientos ilegales e inmorales adoptados contra el ex presidente Lula, la justicia brasileña hoy se vive una verdadera crisis de credibilidad. Por lo tanto, es esencial que los jueces de la Corte Suprema ejerzan plenamente su función de garantes del respeto a la Constitución y pongan fin a las injusticias cometidas por los fiscales y el ex juez Sergio Moro. Mientras el ex presidente Lula no tenga su inocencia y su libertad total restaurada, la justicia brasileña no recuperará credibilidad. La falta de confianza en el sistema de justicia brasileño está erosionando el estado de derecho y la democracia, con repercusiones para todos los jueces del mundo.
