En más de 40 años de actuación pública, mi vida personal ha sido permanentemente escudriñada – por los órganos de seguridad, los adversarios políticos, la prensa. Por luchar por la libertad de organización de los trabajadores, me llegaron a meter preso, condenado como subversivo por la infame Ley de Seguridad Nacional de la dictadura. Pero jamás encontraron un acto deshonesto de mi parte.
Sé lo que hice antes, durante y después de ser presidente. Nunca he hecho nada ilegal, nada que pudiera manchar mi historia. Goberné a Brasil con seriedad y dedicación, porque sabía que un trabajador no podía fallar en la Presidencia. Las falsas acusaciones que me han lanzado no apuntan exactamente a mi persona, sino al proyecto político que siempre he representado: el de un Brasil más justo, con oportunidades para todos.
En vísperas de cumplir 71 años, veo mi nombre en el centro de una verdadera cazada judicial. Han escrutado mis cuentas personales, las de mi esposa y de mis hijos; me han puesto escuchas telefónicas y divulgado el contenido; me han invadido la casa y me han conducido a la fuerza a declarar, sin motivo razonable y sin base legal. Están en la búsqueda de un crimen para acusarme, pero no lo han encontrado ni lo van a encontrar.
Desde que empezó esta cazada, en la campaña presidencial de 2014, recorro los caminos de la Justicia sin renunciar a mi agenda. Sigo viajando por el país, yendo al encuentro de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los partidos, para debatir y defender el proyecto de transformación de Brasil. No me he detenido para lamentarme ni tampoco he desistido de la lucha por la igualdad y la justicia social.
En estos encuentros renuevo mi fe en el pueblo brasileño y en el futuro del país. Constato que está viva en la memoria de nuestra gente cada conquista alcanzada en los gobiernos del PT: el Bolsa Familia, el Luz Para Todos, el Mi Casa Mi Vida, el nuevo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), el Programa de Adquisición de Alimentos, la valorización de los salarios – que en conjunto han propiciado el mayor ascenso social de todos los tiempos.
Nuestra gente no olvidará los millones de jóvenes y negros que han tenido acceso a la educación superior. Va a resistir a los retrocesos porque Brasil quiere más, y no menos derechos.
No puedo callarme, empero, frente a los abusos cometidos por agentes del Estado que usan la ley como instrumento de persecución política. Basta observar la recta final de las elecciones municipales para constatar la cazada al PT: la aceptación de una denuncia contra mí, cinco días después de presentada, y la prisión de dos ex ministros de gobierno fueron episodios de espectáculo mediático que seguramente interfirieron en el resultado de los comicios.
Jamás practiqué, autoricé o me beneficié de actos ilícitos en la Petrobras o en cualquier otro sector del gobierno. Desde la campaña electoral de 2014, se trabaja en la narrativa de que el PT no es más un partido, sino una “organización criminal”, y yo, el jefe de esa organización. Tal idea fue taladrada sin descanso por titulares de periódicos, portadas de revistas, radio y televisión. Necesita ser probada a la fuerza, ya que “no hay hechos, sino convicciones”.
No descarto que mis acusadores crean en esa tesis maliciosa, tal vez juzgando a los demás por su propio código moral. Pero salta a la vista incluso la desproporción entre los millonarios desvíos investigados y lo que señalan como supuesto botín del “jefe”, poniendo de manifiesto la falacia de la trama.
Percibo, además, una peligrosa ignorancia de agentes de la ley en cuanto al funcionamiento del gobierno y de las instituciones. He llegado a esa conclusión durante las declaraciones que di ante comisarios y fiscales que no sabían cómo funciona un gobierno de coalición, cómo tramita un decreto de urgencia, cómo se procede en una licitación, cómo se da el proceso de análisis y aprobación, colegiado y técnico, de financiaciones en un banco público, como el BNDES.
Por lo demás, en esas declaraciones, no se me preguntó nada de objetivo sobre las hipótesis de la acusación. Tengo incluso la sensación de que no pasaron de ritos burocráticos vacíos, para cumplir etapas y atender a las formalidades del proceso. Definitivamente, no sirvieron al ejercicio concreto del derecho de defensa.
Pasados dos años de operaciones, siempre filtradas a la prensa de forma escandalosa, no han logrado encontrar nada capaz de vincular mi nombre a los desvíos investigados. Ni un solo centavo no declarado en mis cuentas, ni una empresa de fachada, ni una cuenta secreta.
Hace 20 años que vivo en el mismo apartamento en São Bernardo. Entre las decenas de reos delatores, ninguno ha dicho que trató de algo ilegal o deshonesto conmigo, a pesar de la insistencia de los agentes públicos para que lo hagan, hasta como condición para obtener beneficios.
La necedad, la desproporción y la falta de base legal de las denuncias sorprenden y causan indignación, al igual que la voracidad con la que son procesadas en juicio. Ya no se atienen a hechos, pruebas, normas del proceso. Denuncian y procesan por mera convicción – es grave que las instancias superiores y los órganos de control funcional no tomen providencias contra los abusos.
Me acusan, por ejemplo, de haber ganado ilícitamente un apartamento que nunca me perteneció – y no me perteneció por la simple razón de que no quise comprarlo cuando se me ofreció la oportunidad, ni siquiera después de las reformas que, obviamente, serían añadidas al precio. Como es imposible demostrar que la propiedad sería mía, pues nunca lo ha sido, me acusan entonces de ocultarla, en una trama surreal.
Me acusan de corrupción por haber dictado conferencias para empresas investigadas en la Operación Java Jato. ¿Cómo puedo ser acusado de corrupción, si no soy más agente público desde 2011, cuando empecé a dar conferencias? ¿Y qué relación puede haber entre los desvíos de la Petrobras y las presentaciones, todas documentadas, que realicé para 42 empresas y organizaciones de distintos sectores, no solo las cinco investigadas, cobrando un precio fijo y pagando los debidos impuestos?
Mis acusadores saben que no he robado, que no fui corrompido ni traté de obstruir la justicia, pero no lo pueden admitir. No pueden echarse atrás después de la masacre que promovieron en los medios. Se volvieron prisioneros de las mentiras que han creado, en la mayoría de las veces a partir de reportajes facciosos y mal investigados. Están condenados a condenar y seguramente evalúan que, si no me arrestan, serán ellos los desmoralizados ante la opinión pública.
Intento comprender esta cazada como parte de la disputa política, aunque se trata de un método repugnante de lucha. No es a Lula al que pretenden condenar: es al proyecto político que represento junto con millones de brasileños. En su intento de destruir una corriente de pensamiento, están destruyendo los fundamentos de la democracia en Brasil.
Es necesario subrayar que nosotros, del PT, siempre hemos apoyado la investigación, el juicio y la punición de quienes desvían dinero del pueblo. No es una afirmación retórica: hemos combatido la corrupción en la práctica. Nadie actuó tanto como nosotros para crear mecanismos de transparencia y control de recursos públicos, para fortalecer a la Policía Federal, a la Dirección de Hacienda y al Ministerio Público, para aprobar en el Congreso leyes más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Eso lo reconocen hasta los mismos fiscales que nos acusan.
Tengo la conciencia tranquila y el reconocimiento del pueblo. Confío en que tarde o temprano la Justicia y la verdad prevalecerán, aunque sea en los libro de historia. Lo que me preocupa, y a todos los demócratas, son las continuas violaciones al Estado de Derecho. Es la sombra del estado de excepción que se viene irguiendo sobre el país.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA fue presidente de Brasil (2003-2010). Es presidente honorario del PT (Partido de los Trabajadores).
